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‘Caso Alquería’: de Imelsa a Divalterra

Política

‘Caso Alquería’: de Imelsa a Divalterra

Jorge Rodríguez en el registro que se llevó a cabo en el Ayuntamiento de Ontinyent / EFE

‘Caso Alquería’: de Imelsa a Divalterra

El presidente de la Diputación de Valencia fue detenido el pasado miércoles por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos

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El pasado miércoles la ciudad de Valencia amanecía con algo a lo que ya estamos acostumbrados: otro político detenido por un supuesto caso de corrupción. “Nada nuevo”, “pues sí que han tardado poco” o “todos son iguales” son algunos de los comentarios que se escuchaban en las plazas y calles, mercados y autobuses. Estos comentarios iban in crescendo a medida que uno se acercaba a la plaza de Manises, donde se encuentra la sede de la Diputación de Valencia.

A lo largo del transcurso de las horas se conocía que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) había detenido al presidente de la Diputación de València y alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, por un caso relacionado con Divalterra, la antigua Imelsa. También a Ricard Gallego, jefe de gabinete del presidente de la Diputación; Manolo Reguart, Jorge Cuesta y a los directores gerentes en la empresa pública, Javier Simó (PSPV) y Agustina Brines (Compromís).

Jorge Rodríguez sigue siendo, a día de hoy, presidente de la Diputación de Valencia / Valencia Plaza

La operación se sustenta en la denuncia presentada en la Fiscalía Anticorrupción, en la que se aseguraba la contratación de diez altos cargos de dirección de Divalterra al margen de la normativa de contratación pública y sin ningún informe técnico que ratificase dichas contrataciones. A partir de ese momento es el Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia quien controla la llamada Operación Alquería por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. Hay que recordar que Divalterra, la empresa heredera de Imelsa, es uno de los epicentros de la investigación del Caso Taula.

Sin embargo, en este caso sorprende el nombre del afectado, Jorge Rodríguez, quien parecía ser una persona “ejemplar”, tras el esperpento del yonqui del dinero o de altos cargos contando billetes en un coche. Además, el antecesor en el cargo de Rodríguez, Alfonso Rus (PP), fue detenido y decapitado políticamente por un caso similar. Rápidamente, el PSOE decidió, sin miramientos, suspender de militancia Rodríguez el mismo miércoles tras su detención.

El presidente de la Diputación de València, sus tres asesores y los dos gerentes de Divalterra quedaron el jueves en libertad, pero con cargos, tras comparecer ante el magistrado y el fiscal Anticorrupción. No obstante, los seis continúan siendo investigados por los presuntos delitos de prevaricación y malversación.

Un día después, el viernes, Rodríguez fue recibido en el consistorio de la capital de la Vall d’Albaida entre aplausos y gritos, con una gran ovación por parte de vecinos, amigos y trabajadores del ayuntamiento. El alcalde y todavía presidente de la Diputación expresó su “agradecimiento por las muestras de afecto recibidas”.

Jorge Rodríguez ha sido uno de los actuales alcaldes socialistas más destacados. En el año 2011 llegó al Ayuntamiento de Ontinyent con el apoyo de Compromís y Esquerra Unida. Cuatro años después, arrasaba y se hacía con una aplastante mayoría absoluta doblando el número de concejales. Paralelamente, Rodríguez comenzaba a tomar fuerza interna en el PSPV-PSOE. La rotunda victoria a nivel local sirvió de aval para que Ximo Puig, por quien Rodríguez se había decantado en las primarias de los socialistas valencianos que derrocaron a Jorge Alarte en el 2012, le premiara con la presidencia de la Diputación de Valencia y con la portavocía de la ejecutiva del PSPV.

Jorge Rodríguez en las instalaciones de la corporación provincial / Foto: Dival

Con 36 años se convirtió en el presidente más joven de la corporación provincial, a la que llegó con el objetivo borrar el “chapapote” de la corrupción que habían dejado los mandatos de Alfonso Rus. Una de las primeras medidas fue el cambio de nombre de la empresa: de Imelsa a Divalterra. Sin embargo, la gestión no parece haber cambiado. Los nombramientos “a dedo” han continuado en la ‘era Rodríguez’. Incluso desde la propia Diputación se pidió un informe externo que no aconsejó nuevas contrataciones de alta dirección.

Ya con Rodríguez suspendido de militancia y destituido como portavoz de la ejecutiva del PSPV, Blanquerías se topa con un nuevo frente que solucionar justo en la semana en la que el Govern del Botànic cumple su tercer aniversario.

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Jefe de Redacción de Discipuli.es. Estudio Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad CEU-Cardenal Herrera. Aprendiendo en las ondas de RadioCEU y en las páginas de El Rotativo. Me apasiona comunicar. Mi correo: nacho.fuertes@discipuli.es. Mi twitter: @nachofuertesgc

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