Las exigencias de Vox en Andalucía: de la supresión de la ley contra la violencia de género a la expulsión de 52.000 inmigrantes

0
323

En plenas negociaciones con el PP para la investidura de Juan Manuel Moreno en Andalucía -y pocas horas después de la reunión que han mantenido dirigentes de ambos partidos en Madrid-, Vox ha hecho públicas sus exigencias. Las medidas están enmarcadas en un documento con 19 puntos para garantizar el apoyo de la formación de extrema derecha al candidato popular.

Dichas medidas, algunas de dudosa legalidad y aplicación, constituyen una reafirmación de los puntos más radicales que la formación ha puesto sobre la mesa para iniciar las negociaciones con el fin de lograr una investidura que ponga fin a 36 años de socialismo en Andalucía.

La formación liderada por Santiago Abascal pide, como cláusula para respaldar el gobierno formado por PP y Ciudadanos, entre otras medidas, la expulsión de 52.000 inmigrantes ilegales, la derogación de la ley contra la violencia de género o la ley LGTBI, la creación de una consejería de Familia y Natalidad y cambiar el día de Andalucía. Dicha festividad pasaría del 28 de febrero al 2 de enero, en conmemoración de la culminación de la Reconquista.

Santiago Abascal y Francisco Serrano, cabeza de Vox en Andalucía / EFE

Son algunas de las medidas más polémicas de una programa que supone el desmantelamiento de la autonomía andaluza. La formación de ultraderecha pide la devolución al gobierno central de todas las competencias en materia de Educación, Sanidad, Justicia y Orden Público y la supresión de cualquier “administración paralela”.

Además, el decálogo de propuestas incorpora una declaración institucional de la presidencia de la Junta de condena “al discurso de odio y exclusión que algunos líderes políticos y medios mantienen desde las elecciones del 2 de diciembre contra los votantes y representantes de Vox“.

Derogación de la ley contra la violencia de género


Uno de los puntos más controvertidos es la supresión de la ley y las medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género. Con ello, Vox pretende acabar con la “lluvia masiva de subvenciones a las asociaciones de feminismo supremacista” suprimiendo de la legislación el artículo que permite que la condición de víctima de violencia de género sea acreditada por sentencia judicial. Unas propuestas que más allá del revuelo mediático, están causando malestar y rechazo en el ámbito político y social. La fiscal Susana Gisbert asegura que la ley contra la violencia machista “no criminaliza a los hombres, criminaliza a los maltratadores”. Según la fiscal, las víctimas de violencia de género no son las únicas víctimas de delito que reciben ayudas. “Mucho antes, la ley 35/95 establecía ayudas para todo tipo de delitos sexuales y violentos, incluído terrorismo”, asegura. Por su parte, las asociaciones feministas se muestran “muy preocupadas” ya que los derechos de las mujeres “se están cuestionando”.

En el contexto de la preocupación ante las amenazas a la ley de la violencia de género, este martes se ha celebrado la comisión de seguimiento del Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista, donde se ha acordado reivindicar este acuerdo como una “herramienta” fundamental en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, junto al pacto de Estado, el convenio de Estambul y las leyes estatal y autonómica vigentes en este sentido. El secretario autonómico de Igualdad, Alberto Ibáñez, ha defendido que actualmente hay “un gran consenso” en torno a la lucha contra esta lacra. De cara al futuro, ha llamado a “continuar con esta unidad de acción, en favor de una sociedad igualitaria y justa”.

La Generalitat apela a la "unidad de acción" en el Pacto Valenciano contra la Violencia Machista
Este martes se ha reunido la comisión de seguimiento del Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista, con la presencia del president de la Generalitat, Ximo Puig, y la consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra / Europa Press

Expulsión de inmigrantes


En materia de inmigración, Vox pide la expulsión de 52.000 inmigrantes ilegales así como la eliminación de las ayudas, además de la colaboración con la policía en su identificación proceder a su expulsión. Según el documento presentado por la formación del ultraderecha, la Junta de Andalucía posee “la documentación necesaria para la expulsión” de esas personas, pero no la comparte con la Policía. También aboga por acabar con el “turismo sanitario”.

Derogación de la ley de Memoria Histórica y creación de una ley para proteger la tauromaquia


El partido de Santiago Abascal también pide la derogación de la ley de Memoria Histórica ya que “impone, de forma totalitaria, una versión sesgada de la historia andaluza”. Además, aboga por la supresión de todos los apartados de la ley que establezcan como indubitadas cuestiones en discusión histórica.

En materia de cultura, Vox impulsa la creación de una ley de protección de la tauromaquia y de la actividad cinegética y una Ley de Protección de la Cultura Popular y de las Tradiciones. En el ámbito de la educación, se exige “una garantía de que los centros de formación no difundirán ninguna ideología que niegue hechos científicos indubitados, con especial atención a la biología”, en clara alusión a los colectivos LGTBI.

PP y Vox mantienen negociaciones para que la formación de extrema derecha apoye la candidatura del popular Juan Manuel Moreno a la presidencia de la Junta de Andalucía (Julio Muñoz / EFE)

Reducción del 50% de los costes y cierre de tres de los cuatro canales de Canal Sur


Las exigencias del partido de extrema derecha también afectan la radiotelevisión pública andaluza. El documento de propuestas conlleva la eliminación de tres de los cuatro canales de televisión así como la reducción del 50% de los costes.

La posición de la formación de Abascal se ha ido rebajando al paso de las negociaciones para la mesa del parlamento y la Junta de Andalucía. Vox llegó a proponer el cierre de Canal Sur durante la campaña electoral y posteriormente propuso su sustitución por las emisiones del centro territorial de TVE.

Vox llegó a exigir el cierre de Canal Sur durante la campaña electoral / Sevilla Contemporánea

Documento inaceptable por parte del PP


Las reacciones en el PP no se ha hecho esperar. El documento de Vox no ha sido del agrado de los populares, justo el día en que los secretarios generales de ambas formaciones se encontraban reunidos en Madrid para negociar el acuerdo para la Junta de Andalucía. “A Vox parece importarle más Vox que los andaluces. Se trata de un documento inaceptable por parte del PP. Varios de los puntos son un auténtico despropósito que el PP no puede respaldar. Con este documento Vox demuestra que no quiere un acuerdo. Si no cambia su postura, estará desperdiciando una oportunidad histórica para que haya un cambio en Andalucía después de casi 40 años de socialismo”, han asegurado fuentes del PP.