Compromís surge de la fusión entre el Bloc Nacionalista Valencià, Iniciativa del Poble Valencià y Verds-EQUO del País Valencià, tres formaciones políticas de raíces eminentemente valencianistas y que se aliaron en 2010. Su candidata a la presidencia de la Generalitat es la valenciana Mónica Oltra y las últimas encuestas le otorgan un ligero aumento de los apoyos cosechados en las Elecciones Autonómicas de 2015, datos que supondrían pasar de los actuales diecinueve diputados en Les Corts Valencianes a veintidós o veintitrés diputados.

El programa electoral de Compromís ha sido redactado en horizontal y dividido en hasta trece epígrafes diferentes; en este caso, se huye de cualquier fórmula alternativa y se apela directamente a la ciudadanía a través de los nombres de las diferentes áreas de gestión: “financiación”, “educación”, “territorio”… En este sentido, sus propuestas se encuentran ordenadas de una manera bastante clara y sencilla, hecho que puede permitir a sus posibles votantes organizar mejor las propuestas de Compromís. En cualquier caso, resulta igualmente importante añadir que se trata de un documento que se limita a una breve presentación de cada una de las propuestas recogidas; es decir, no se adelanta mucho de ellas, probablemente por que la mejor carta de garantía de Compromís, sea entendida positiva o negativamente, son los últimos cuatro años en que ha gobernado la Generalitat de la mano del PSPV-PSOE. De esta manera, la ciudadanía puede observar fácilmente un ejemplo de gestión de Compromís.

El primer apartado del programa de la coalición valencianista versa acerca de la financiación de la Comunitat Valenciana. En líneas generales, las diferentes medidas englobadas en este primer epígrafe se basan en la máxima “ni más ni menos, lo mismo que el resto”, propugnada sistemáticamente desde diferentes órganos del partido. Afirman que “el actual modelo de financiación autonómica, vigente desde 2009 y caducado desde 2014, […] no permite desarrollar nuestras competencias, especialmente en materia social y promoción del empleo”, motivo por que se exigiría al Gobierno Central “el establecimiento de un calendario para la reforma inmediata del sistema de financiación autonómica, basada en las recomendaciones de los expertos nombrados por el Consell”, imponiendo así la agenda valenciana en Madrid.

Además, se pediría “el reconocimiento de la deuda histórica desde que se produjeron las transferencias de competencias a la Generalitat, cifrada en, por lo menos, 20.000 millones de euros; así como la definición y el establecimiento de un mecanismo de compensación de estos déficits”. Finalmente, se abogaría por continuar desplegando la Agencia Tributaria Valenciana, fundada hace escasas semanas, “como instrumento para asumir la descentralización de los ingresos y mejorar la eficiencia y la autonomía en la gestión de los tributos propios”, explican.

Sin lugar a dudas, las propuestas referidas a políticas sociales constituyen uno de los puntos fuertes del programa electoral de Compromís. En este sentido, se abogaría por la puesta en marcha de la Ley de Servicios Sociales Inclusivos “para garantizar los derechos sociales de la ciudadanía”; la regularización de la profesionalización de las personas cuidadoras en el entorno familiar; y el desarrollo de la Ley para la Función Social de la Vivienda, “para hacer efectivo el derecho a una vivienda digna y acabar con los desahucios de las personas más vulnerables de la sociedad”. Siguiendo esta última línea, se ampliaría el parque público de viviendas para ser puesto a disposición del alquiler social y asequible, y se incentivaría la promulgación una ley estatal que garantice el derecho a una vivienda digna.

En materia igualitaria, se apostaría por la creación de una Ley de Igualdad «puntera» a nivel nacional “que garantice la igualdad real entre mujeres y hombres desde una vertiente feminista, transversal e inclusiva para construir una sociedad realmente democrática”, argumenta el programa electoral de la coalición valencianista.

En materia sanitaria, se optaría por impulsar un plan de choque contra las listas de espera a través de la contratación de más personal sanitario y la mejora de los servicios, una propuesta prácticamente calcada a la recogida en el programa electoral de Unides Podem. Además, se continuaría “con la reversión de los servicios y la recuperación de las concesiones administrativas de departamentos sanitarios privatizadas para garantizar un servicio público y de calidad” (es decir, proseguir con las iniciativas puestas en práctica durante los cuatro años de legislatura del Govern del Botànic) y se estudiaría la ampliación de las prestaciones sanitarias públicas a ámbitos de la talla de nutrición, odontología y psicología, entre otras disciplinas de la salud.

A continuación y en relación con esta última temática, el documento en cuestión plantea tratar dos asuntos que son, en estos momentos, de máxima actualidad. Por una parte y a pesar de tratarse de una propuesta en clave nacional, el programa electoral que aspira a aupar a Mónica Oltra a la presidencia de la Generalitat recoge una futura proposición al Congreso de los Diputados para la implantación de la Ley de Muerte Digna y de Atención Sanitaria al Final de la Vida. Por otra parte, Compromís se compromete a poner en marcha medidas específicas para la prevención de la ludopatía y en contra la publicidad del juego en línea, además de regular estrictamente el funcionamiento de las casas de apuestas, frecuentemente ubicadas junto a centros escolares.

La candidata de Compromís a la presidencia de la Generalitat, Mónica Oltra, y el candidato de Compromís al Congreso de los Diputados, Joan Baldoví, escuchan al candidato de Compromís al Ayuntamiento de Valencia, Joan Ribó, en un mitin de la formación en los Jardines del Turia el 13 de Abril / discipuli.es

En materia educativa, se aumentaría la oferta pública de Educación Infantil en centros escolares públicos; se seguiría ampliando la oferta gratuita de plazas para niños y niñas de cero a tres años; y se apostaría por la gratuidad total de los comedios escolares “con un proyecto integral como espacio de socialización en igualdad, donde se fomente una alimentación saludable, sostenible y de proximidad que, además, potencie el producto de proximidad y ecológico”. Asimismo, se optaría por hacer crecer la oferta educativa pública en entornos rurales como medida para la lucha contra la despoblación de las comarcas del interior de la Comunitat Valenciana, así como la creación de una Estrategia Valenciana de Desarrollo Rural Sostenible, la promulgación de una Ley de Servicios Sociales en el Mundo Rural o el estudio de un Plan de Turismo Rural.

En clave eminentemente universitaria y “después de haber doblado el presupuesto en becas universitarias durante la pasada legislatura”, la coalición valencianista pondría en marcha un nuevo sistema de tasas universitarias relacionado directamente con los ingresos de forma progresiva. Sin embargo, resulta esencial apuntar que esta propuesta choca radicalmente con la medida que implantaría su socio de gobierno, puesto que los socialistas valencianos defienden la gratuidad total de la matrícula universitaria en caso de aprobar el conjunto de asignaturas del curso precedente. Desde Compromís, califican el planteamiento del PSPV-PSOE de “injusto”.

En materia medioambiental, se propugnaría exigir al Gobierno Central un calendario para el cierre definitivo de la Central Nuclear de Cofrentes “al final de la actual prórroga de funcionamiento”, situada en 2021. Además, se redactarían una Ley de Transición Hidrológica para garantizar el abastecimiento de agua para consumo humano y para la agricultura y la ramadería en el conjunto del territorio valenciano, así como para el cuidado de acuíferos, manantiales y ríos; una nueva Ley de Protección de Espacios Naturales para la salvaguardia del patrimonio natural y su biodiversidad, la conservación de los ecosistemas acuáticos y aquellos espacios protegidos por su alto valor ecológico; y una ley para garantizar la dignidad y el bienestar animal.

En materia económico-laboral, la formación liderada por Mónica Oltra apostaría por el fomento de las cooperativas y de la economía social “para impulsar un cambio en el modelo productivo basado en valores democráticos, participativos, igualitarios y sostenibles”; se defenderían los productos industriales propios de la Comunitat Valenciana “contra la competencia desleal de los productos extracomunitarios”; y se optaría por el establecimiento a nivel estatal de la jornada laboral de 32 horas como instrumento para la creación de empleo, estableciendo un programa de ayudas para compañías y empresas que, voluntariamente, deseen reducir su jornada laboral “manteniendo los salarios y creando nuevos puestos de trabajo”. Además, se apunta a la derogación de las reformas laborales desarrolladas tanto por los gobiernos del PP como por los del PSOE.

En materia administrativa, se promulgaría una Ley de Gobierno Abierto para facilitar el acceso de la ciudadanía a la Administración valenciana; se volvería a proponer una reforma de la Ley Electoral Valenciana “para hacerla más democrática, más moderna y más representativa”, acabando de esta manera con la barrera del 5% mínimo de votos para obtener representación parlamentaria en Les Corts Valencianes (planteamiento nuevamente compartido con Unides Podem); y se seguiría trabajando en la Ley Valenciana de Memoria Democrática y por la Convivencia para la confección de un censo de víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura franquista así como para la elaboración de mapas que recojan aquellos territorios en que se presuma que pueden localizarse restos de víctimas desaparecidas. Por otra parte y en relación con los medios de comunicación públicos valencianos, À Punt quedaría blindado en el Estatut d’Autonomia “para garantizar su independencia”.

Finalmente, otras propuestas de la Coalición Compromís liderada por Mónica Oltra pasarían por la modificación (“modificaremos”, llegan a decir en su programa electoral, sin ningún tipo de verbo en condicional) de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para establecer el derecho a voto en los dieciséis años; la exigencia de la gratuidad total de la Autopista AP-7, la puesta en marcha definitiva del Corredor Mediterráneo y la mejora de infraestructuras como la línea ferroviaria entre Xàtiva y Alcoi; y la promulgación desde la Generalitat del Plan Director Citrícola de la Comunitat Valenciana 2019-2023 con el objetivo de “mejorar la posición competitiva” de la citricultura autóctona.

 

En la imagen de portada de este artículo: Mónica Oltra, candidata de Compromís a la presidencia de la Generalitat (Mariano Herrera)