El Partit Popular de la Comunitat Valenciana ha ostentado la presidencia de la Generalitat entre 1995 y 2015, con Eduardo Zaplana, José Luis Olivas, Francisco Camps y Alberto Fabra a la cabeza del autogobierno valenciano sucesivamente. Su candidata a la presidencia de la Generalitat es la castellonense Isabel Bonig, y al igual que podría ocurrir en el resto del Estado, las últimas encuestas le otorgan una estrepitoso descalabro con respecto a los apoyos cosechados en las Elecciones Autonómicas de 2015, datos que supondrían pasar de los actuales treinta y un diputados en Les Corts Valencianes a veintiuno o veintidós diputados.

A primera vista, el programa electoral del PPCV es extremadamente extenso, con 132 páginas repletas de cifras y letras. No obstante, resulta curioso y llamativo prácticamente a partes iguales que este último programa electoral se desvincula completamente del resto de formaciones políticas que aspiran a aupar a sus líderes a la presidencia de la Generalitat, pues el documento de los conservadores valencianos aparece dividido por edades; de esta manera, existe un epígrafe con medidas específicas para los jóvenes de entre 18 y 35 años; otro para adultos de entre 35 y 50 años; y lo mismo ocurriría con los dos apartados siguientes, dirigidos a la población de entre 50 y 65 años, así como mayor de 65, respectivamente.

En cuanto a las propuestas para los jóvenes valencianos de entre 18 y 35 años, el PPCV  recoge un pacto social con el único objetivo de “mejorar las condiciones salariales de los trabajadores y la empleabilidad de los valencianos”. Además, se desarrollaría un Plan de Retorno Juvenil de aquellos jóvenes que marcharon al extranjero a buscar un puesto de trabajo mejor o directamente a buscar su primer puesto de trabajo; para ello, se dotaría de incentivos a aquellas empresas que contraten a jóvenes que retornen a la Comunitat en aras de favorecer su integración o reintegración en el mercado laboral valenciano. En cualquier caso, la formación liderada por Isabel Bonig apostaría en materia laboral por líneas de la talla de la Garantía Juvenil, la Estrategia de Emprendimiento y el Empleo Joven.

Por otra parte, se aprobaría una nueva Ley de Autónomos Valencianos al mismo tiempo que se impulsaría un Plan del Comercio Rural para “la nueva creación de comercios en núcleos rurales” con la vista puesta en asegurar el relevo generacional en aquellas poblaciones, muy frecuentemente ubicadas en el interior del territorio de la Comunitat, afectadas por el fenómeno de la despoblación. Asimismo, se establecería una línea de ayudas a jóvenes para la adquisición y alquiler de vivienda, se mantendría el Programa Hábitat Jove y se recuperaría la Ley de Protección a la Maternidad con la pretensión de eliminar cualquier dificultad que pueda llevar a una pareja joven a decidir no tener hijos.

En materia educativa, el programa electoral del PPCV introduce una de las propuestas estrella de los populares valencianos: la libre elección del centro escolar, medida igualmente recogida en el documento con que Ciudadanos aspira a hacerse con la presidencia de la Generalitat. En cualquier caso y desde el punto de la formación de Isabel Bonig, el sistema educativo valenciano viviría una auténtica revolución fruto de la digitalización del mismo a través del uso progresivo de tabletas para el alumnado superior a 5º de Primaria; la introducción gradual de pizarras digitales en el conjunto de aulas escolares del territorio valenciano; o la implantación de redes WiFi en todos los centros educativos de la Comunitat, de entre otras medidas. 

En materia eminentemente universitaria, se crearía el “Porfolio de Aprendizaje del Estudiante”, que incluiría prácticas académicas obligatorias remuneradas mientras se estudia, estancias en el extranjero, conocimiento de idiomas, actividades de voluntariado, deporte… Finalmente, se desarrollaría un Plan de Ciencia y Tecnología para fomentar el desarrollo de programas de investigación en las universidades valencianas.

El presidente del PP, Pablo Casado, arropó a su candidata valenciana en un mitin celebrado en Alicante el 10 de Marzo / PPCV

En cuanto a las propuestas para la población de entre 35 y 50 años, resulta fundamental apuntar que son muy similares a las atribuidas a la población de entre 50 y 65 años. En cualquier caso, el PPCV propugnaría una revolución fiscal “que baje generalizadamente los impuestos”, reduciendo el tramo autonómico del IRPF o estableciendo “reducciones específicas para las familias por nacimiento o adopción de hijos”. “Vamos a eliminar todos los impuestos que penalizan fiscalmente a los valencianos y nos convierten en la comunidad autónoma con una de las mayores presiones fiscales de España”, se defiende en el programa electoral de los populares valencianos. 

En materia económico-laboral, se aprobaría un programa de empleo para aquellos colectivos con mayores dificultades de inserción y para desempleados de larga duración, por ejemplo, a través de la promoción del uso de nuevas tecnologías. Por otra parte, se desarrollaría la Ley Valenciana de Conciliación Familiar y Laboral y Corresponsabilidad en aras de “lograr que ante el mismo trabajo y funciones se obtenga la misma remuneración”.

En materia sanitaria, el partido político que dirige Pablo Casado a nivel nacional explica que “la sanidad valenciana volverá a funcionar”. Por este motivo, se garantizaría “una asistencia sanitaria de máxima calidad, la libertad de elección de médico y enfermería, así como de cualquier servicio que el sistema de salud ofrezca, tanto de manera directa, como los que se prestan de manera indirecta”. Además, se modificaría la Ley de Servicios Sociales y se elaboraría un Pacto para la Profesionalización de los Servicios Sociales con el objetivo de erradicar la dependencia “low cost”.

En materia migratoria y tal y como queda recogido en su programa electoral, el PPCV impulsaría una estrategia común entre la Generalitat Valenciana y el Gobierno Central basada en un gran Pacto Valenciano por la Inmigración “bajo los principios de integración, respeto a nuestra cultura, solidaridad, lealtad, colaboración, cooperación y salvaguarda de los Derechos Humanos”. De esta manera, se instaría al Consejo de Ministros a abordar la inmigración como si de una cuestión de Estado se tratase para llevar a cabo una serie de estrategias políticas que garanticen “que los flujos migratorios lleguen a España de forma regular, legal y ordenada”. Según los populares, se abordaría una cooperación global con los países de origen que combata las mafias de inmigración ilegal; y otra cooperación de coordinación con la Unión Europea para que se les ofrezcan “nuevas oportunidades” en sus países. Siguiendo esta línea, se dignificaría la estancia supuestamente temporal de “los inmigrantes ilegales” en los Centros de Internamiento de Extranjeros; es decir, el PPCV defendería la continuidad de los CIEs. 

Y en cuanto a las propuestas para la población más envejecida, se promocionarían la “cultura intergeneracional” y un conjunto de actividades culturales en aras de facilitar a este segmento de la sociedad su accesibilidad a centros artísticos y culturales y a museos. Además, se incentivaría la permanencia del pequeño comercio mediante su innovación a través de diferentes programas de formación y creando un sello distintivo de comercio recomendado por los clientes. 

En materia agrícola, se aseguraría el relevo generacional en el sector de la agricultura, ganadería y pesca valencianas mediante la incorporación de jóvenes al mercado laboral. Por otra parte, se exigiría la firma de un Pacto Nacional del Agua que debería conducir a un nuevo Plan Hidrológico Nacional, “basado en un sistema estatal integral del agua, que contemple y regule el conjunto de todos los recursos disponibles, resuelva los desequilibrios hídricos existentes […] y apueste por un nuevo modelo de gobernanza del agua”.

Finalmente, resulta imprescindible resaltar que, desde la formación política de Isabel Bonig, se propugnaría la recuperación la Ley de Señas de Identidad del Pueblo Valenciano, que fue aprobada durante la mayoría absoluta del popular Alberto Fabra y que enervó al conjunto de grupos parlamentarios de la oposición. Derogada por PSPV-PSOE, Compromís, Ciudadanos y Podem en 2015, en ella se defendía “la identidad propia de la lengua valenciana frente a los que quieren imponer la unidad de la lengua con el catalán”, así como festejos de la talla de Bous al Carrer. En definitiva, recogió y volvería a recoger una serie de elementos característicos de la Comunitat Valenciana que, por ser propios del territorio valenciano, se supone que debe compartir el conjunto de la ciudadanía valenciana.

 

En la imagen de portada de este artículo: Isabel Bonig, candidata del PPCV a la presidencia de la Generalitat (Miguel Lorenzo)